El 18 de marzo de 2008, fecha en la que se cumplieron 70 años de la expropiación petrolera, el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón, hizo público el proyecto de refinación más ambicioso en la historia: Una refinería que procesaría 250,000 barriles diarios y costaría 12,000 millones de dólares…
A partir del anuncio, el proyecto de infraestructura más ambicioso de la administración federal calderonista, se convirtió en un caos; entidades federativas se pasearon por las oficinas de Petróleos Mexicanos para promoverse como sedes de la refinería “Bicentenario”. Al final, dos estados debieron enfrentarse en un duelo cara a cara: Hidalgo vs. Guanajuato. A ambos se les pidió garantizar un polígono de tierras de al menos 700 hectáreas. Guanajuato pagó 1,000 millones de pesos –a través de la empresa fantasma llamada “Cereales y Pastas Finas” – por tierras que hoy no valen nada. En el caso de Hidalgo, la historia es más compleja y surreal. Declarado vencedor, el 14 de abril de 2009, a Hidalgo se le puso una insólita meta: tendría 100 días para entregar a Pemex las tierras. Entonces, la posición oficial de la paraestatal –hoy empresa productiva del Estado– era que en 2015 la refinería estaría en operación. Se abrió entonces el capítulo más absurdo en términos de política pública: Pemex pedía a un estado erogar recursos públicos para garantizar que en ese lugar se asentara una obra federal. Hidalgo accedió a líneas de crédito con la banca comercial (Banorte y Banamex) para solventar el pago de las 700 hectáreas por 1,050 millones de pesos (mdp). Y 450 mdp más fueron solicitados a la banca para las obras de infraestructura. Hasta el momento, de la refinería “Bicentenario” quedan la barda y la deuda. Para Petróleos Mexicanos 1,500 millones de pesos tal vez eran pequeñeces, pero al momento de la contratación de la línea de crédito, el monto representó el 40% de la deuda de Hidalgo. A seis años del anuncio, tras una reestructura del crédito (el plazo pasó de 12 a 15 años, centralizado en Banorte, con una tasa de 0.9% y no del 2% original), lo que representa aún el 28% de la deuda total de la entidad. El saldo del abandonado proyecto es de 22.8 millones de pesos mensuales de intereses, en un estado que tiene un PIB per cápita de 87,870 pesos al año…
